Esta sería la tercera vez en que se busca enmendar el error administrativo en la adquisición del terreno de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Cayucupil, que en 2014 marcó un episodio judicial entre propietarios de un sitio aledaño y la Municipalidad de Cañete.
Cinco mil metros cuadrados, tiene el
lote 24-B del Fundo Santa Elena de Cayucupil, que fue adquirido por la Municipalidad de Cañete en 2012 a la sucesión de la familia Méndez Arce (
ver aquí), para la instalación de la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, que se incluyó en el Programa de Mejoramiento de Barrios, que beneficia a 132 familias del sector (
ver aquí).
A fines de 2013 (
ver aquí),
dos propietarias colindantes interpusieron un recurso ante la justicia en contra de la
Ilustre Municipalidad de Cañete, asegurando que el terreno donde se construía la planta estaba en parte de su propiedad, denominado
lote 25. El abogado querellante fue
Hervarth Rocha, quien también posee una casa de veraneo al costado de la planta y que también está vinculado a la adquisición de una importante porción de terreno del Fundo Anique.
Tras recomendaciones de la administración municipal de la época, el concejo edilicio de Cañete llegó al siguiente acuerdo: “Se acuerda en forma unánime llegar a avenimiento en las causas Madrid y otra con Ilustre Municipalidad de Cañete, asumiendo la adquisición del terreno en $30.000.000 (treinta millones de pesos) en caso de dictarse sentencia desfavorable”. Es decir, comprar el terreno aledaño, incurriendo en un gasto adicional y fuera de todo margen, que finalmente se tradujo en pagar dos veces por un mismo terreno.
En abril de 2014, el acuerdo de compraventa quedó de la siguiente forma, donde la Municipalidad adquirió “el 50% de las acciones y derechos que la parte cedente tiene en el inmueble indicado”.
¿Qué realmente compró la Municipalidad?
Tras conocer antecedentes de la compraventa, surgieron graves observaciones por parte de los ediles comunales, como el concejal Cristian Medina, quien indica que lo que realmente se hizo fue una “compraventa de cuota”, donde la Municipalidad solo tendría derechos al 50% del total del lote, cuando el acuerdo en el concejo era comprar la porción delimitada.
Según indica el concejal Medina en su escrito: “La Municipalidad de Cañete no adquirió el dominio de un cuerpo cierto, esto es, de un lote o retazo determinado y deslindado, sino únicamente de acciones y derechos, o sea, una cuota inmaterial. Por ello, con la compra realizada, la Municipalidad se transformó en copropietaria, en comunidad con las cedentes vendedoras, del lote 25”.
Luego de conocer esas graves falencias en el acuerdo de compraventa, Medina solicitó a la alcaldía hacer parte de una acción legal para recuperar el dinero de una compra, que a todas luces, fue innecesaria y artificial, ya que el terreno cuestionado nunca se utilizó. Incluso el concejal concurrió a Contraloría General de la República, quienes confirmaron abiertamente sus reparos al procedimiento, mediante un informe.
Estas solicitudes fueron realizadas en octubre de 2014 y posteriormente a mediados de 2015, pero peticiones no fueron acogidas por la administración municipal de turno.
Tercera petición de demanda judicial.
Este lunes 20 de marzo de 2017, nuevamente el concejal Medina presentó los antecedentes al concejo y puntualizó nuevamente en la obligación de la Municipalidad de Cañete de interponer, en el más breve plazo, y contratando una asesoría jurídica externa, la demanda judicial de nulidad del contrato de “Cesión de Derechos” celebrado entre la I. Municipalidad de Cañete y las propietarias.
Además el edil solicitó que en la demanda la Municipalidad reclame la restitución del dinero pagado, con los intereses correspondientes, más una indemnización por perjuicios y los gastos incurridos en el proceso judicial.
Lee a continuación la petición presentada en el Concejo Municipal (aquí)
